Canal de denuncias · Ley 2/2023

Canal de denuncias: todo lo que debe saber tu empresa

·Mainpro Consultors·7 min

Si tu empresa tiene 50 trabajadores o más, la Ley 2/2023 te obliga a tener un canal de denuncias operativo: desde el 13 de junio de 2023 si tienes más de 250 trabajadores, o desde el 1 de diciembre de 2023 si tienes entre 50 y 249. Además, hay que comunicar el responsable del canal a la AIPI (Autoridad Independiente de Protección del Informante), que funciona desde el 1 de septiembre de 2025: los responsables ya designados, antes del 10 de abril de 2026, y los nuevos nombramientos o ceses, en un plazo de 10 días hábiles.

¿Quién debe tener canal obligatoriamente?
Empresas privadas de 50 o más trabajadores · Todas las administraciones públicas · Partidos políticos y sindicatos con financiación pública · Sectores financiero y de aviación, sea cual sea su tamaño

Requisitos esenciales

  1. Confidencialidad garantizada: la identidad del informante nunca puede revelarse a personas no autorizadas.
  2. Canal interno propio: debe existir; no basta con el canal externo habilitado por la autoridad.
  3. Plazos: acuse de recibo en 7 días y respuesta en un máximo de 3 meses.
  4. Responsable del canal: hay que designarlo. Debe comunicarse a la AIPI; los nuevos nombramientos y ceses, en 10 días hábiles (art. 8.3 Ley 2/2023). Más detalles en qué exige ahora la AIPI.
  5. Protección del informante: quedan prohibidas todas las represalias (despido, degradación, acoso).

Sanciones por incumplimiento

InfracciónPersonas físicasPersonas jurídicas
Muy graves (no tener canal obligatorio, represalias, vulnerar la confidencialidad…)30.001 – 300.000 €600.001 – 1.000.000 €
Graves10.001 – 30.000 €100.001 – 600.000 €
Leves1.001 – 10.000 €hasta 100.000 €

Además de la multa, en las infracciones muy graves: amonestación pública y prohibición de obtener ayudas o contratar con el sector público. Fuente: art. 65 de la Ley 2/2023.

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Fuentes

  • Ley 2/2023, de 20 de febrero (BOE de 21 de febrero de 2023)
  • Directiva (UE) 2019/1937, relativa a la protección de los denunciantes